El choque rural de la transición energética: AVA-ASAJA exige a Enagás expropiaciones dignas para los 393 km de hidroductos que cruzarán 100 municipios valencianos
El choque rural de la transición energética: AVA-ASAJA exige a Enagás expropiaciones dignas para los 393 km de hidroductos que cruzarán 100 municipios valencianos
La Asociación Valenciana de Agricultores se reunió el 2 de julio con representantes de Enagás para abordar las implicaciones agrarias del Eje Levante. No es una confrontación — es el inicio de una negociación que define uno de los debates más importantes de la transición energética española: cómo compatibilizar infraestructuras verdes estratégicas con los derechos de los propietarios rurales que perderán uso de sus tierras.
Cada vez que Enagás presenta el Eje Levante en una jornada participativa — 393 kilómetros de hidroductos por 100 municipios valencianos — hay dos audiencias distintas en la sala. La primera: empresas industriales, consultoras y administraciones que ven en la infraestructura una oportunidad de descarbonización y desarrollo económico. La segunda: propietarios de terrenos agrícolas que ven en esa misma tubería una servidumbre sobre sus campos que puede limitar sus cultivos, afectar el valor de sus tierras y complicar sus labores durante años de obras.
El 2 de julio de 2026, en el marco de la jornada "Infraestructura interior de hidrógeno en España" celebrada en el Colegio de Ingenieros Industriales de la Comunitat Valenciana, esas dos audiencias se sentaron en la misma sala. La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) — la principal organización agraria de la Comunitat — se reunió con representantes de Enagás, ingenieros industriales y especialistas del sector para abordar por primera vez de forma directa y organizada las implicaciones técnicas, ambientales y agrarias que tendrá el trazado de los hidroductos sobre los terrenos agrícolas valencianos.
Lo que pide AVA-ASAJA — cuatro exigencias concretas
El responsable del departamento de expropiaciones de AVA-ASAJA, Juan Manuel Peiró, trasladó a Enagás cuatro exigencias que la organización defenderá en nombre de los propietarios afectados:
1. Indemnizaciones dignas con cuantías suficientes. La ley de expropiación forzosa española establece un proceso de valoración del suelo expropiado — pero los agricultores argumentan que las tasaciones oficiales frecuentemente infravoran el coste real para la explotación: no solo el valor del suelo ocupado por la tubería, sino la pérdida de rentabilidad de la parcela durante las obras, la fragmentación de fincas, el impacto en el sistema de riego y el valor de las instalaciones auxiliares afectadas.
2. Plazos determinados para el pago. En proyectos de infraestructura de gran escala, los procesos de expropiación pueden alargarse años — con el propietario sin cobrar mientras su tierra ya está ocupada o tiene restricciones de uso. AVA-ASAJA exige que los plazos de pago estén definidos contractualmente antes del inicio de las obras.
3. Mínimo impacto durante la construcción. Los 393 km del Eje Levante se construirán en su mayor parte en paralelo a los gasoductos existentes — lo que reduce el impacto pero no lo elimina. Las obras de zanjeo, el movimiento de maquinaria pesada y el tráfico de camiones pueden interrumpir el acceso a las fincas durante semanas o meses en plena temporada agrícola. AVA-ASAJA exige que el calendario de obras se coordine con los ciclos de los cultivos y que los agricultores mantengan acceso a sus parcelas en todo momento.
4. Restauración completa de los terrenos. Una vez finalizadas las obras, la tubería quedará enterrada — pero el suelo puede haber perdido su estructura, su capa de tierra vegetal puede haber sido mezclada con el subsuelo y la vegetación auxiliar puede haber sido eliminada. AVA-ASAJA exige que la restauración incluya reposición de la capa de tierra vegetal, gestión adecuada de residuos, restablecimiento de la vegetación afectada y verificación de que las condiciones de la explotación son equivalentes a las previas a las obras.
Lo que dice Enagás — el PCPP y el marco legal vigente
Los representantes de Enagás — Julián Llorente y Luis Plasencia — explicaron en la jornada que la futura Red Troncal de Hidrógeno forma parte de un Plan Conceptual para la Participación del Público (PCPP) y que el proceso que ha llevado a la jornada de este mismo día es precisamente ese mecanismo participativo. En otras palabras: la reunión de AVA-ASAJA con Enagás no fue un enfrentamiento — fue el resultado del proceso de participación que Enagás lanzó en la Comunitat Valenciana el 3 de marzo de 2026.
La posición de Enagás es que el trazado paralelo a los gasoductos existentes — la estrategia que aplica en todo el territorio nacional — minimiza el impacto en propiedades no afectadas previamente, porque muchos de esos terrenos ya tienen una servidumbre de gasoducto establecida. Pero ese argumento tiene sus límites: hay propietarios cuyos terrenos quedarán afectados por primera vez, y hay casos en que la acumulación de servidumbres — gasoducto existente más nuevo hidroducto — puede resultar incompatible con ciertos tipos de cultivos o instalaciones de riego.
El debate de fondo — transición energética y soberanía alimentaria
El caso de AVA-ASAJA y Enagás en Valencia es el reflejo local de un debate que se está produciendo en toda España — y en toda Europa — con las infraestructuras de la transición energética. Los parques eólicos en Castilla y León que afectan a tierras de cultivo y pastoreo. Los paneles solares en Extremadura que compiten con la agricultura. Los corredores de alta tensión que cruzan fincas ganaderas. Y ahora los hidroductos que discurrirán por los campos de naranjas, arroces y hortalizas de la Comunitat Valenciana.
El argumento de los promotores de infraestructuras es siempre el mismo: el interés general de la descarbonización justifica la servidumbre sobre propiedades privadas, con compensación económica. El argumento de los agricultores es igualmente consistente: la transición energética no puede construirse sobre la ruina económica de los propietarios rurales — y las compensaciones deben ser reales, no simbólicas.
Ambos argumentos son legítimos. La red troncal de hidrógeno es, como reconoce la propia Comisión Europea con su estatus de Proyecto de Interés Común (PCI), una infraestructura estratégica de primer orden para la descarbonización del continente. Pero esa estrategia europea se construye ladrillo a ladrillo — o metro a metro de tubería — sobre terrenos que son de alguien. Y ese alguien tiene derechos que no desaparecen porque el proyecto sea estratégico.
La lección de las renovables en España en los últimos años es clara: los proyectos que no gestionan bien el impacto territorial generan oposición local que puede retrasar o bloquear infraestructuras durante años. Enagás, que tiene décadas de experiencia instalando gasoductos en todo el territorio español, sabe que la gestión de las expropiaciones no es un trámite administrativo — es un factor crítico de éxito del proyecto. El hecho de que haya aceptado reunirse con AVA-ASAJA antes de iniciar la tramitación ambiental formal es una señal positiva de que quiere gestionar ese riesgo desde el principio.
El colectivo de afectados — lo que viene ahora
El resultado más concreto de la jornada del 2 de julio es que AVA-ASAJA ha anunciado la constitución de un colectivo de afectados que agrupará a los propietarios de terrenos en el trazado del Eje Levante. Ese colectivo mantendrá un contacto permanente con Enagás para negociar las condiciones de las expropiaciones, servidumbres y restauraciones — actuando como interlocutor organizado en lugar de que cada propietario negocie individualmente con el promotor.
Es un modelo de organización que tiene precedentes en España en los procesos de expropiación de grandes infraestructuras — AVE, autovías, parques eólicos — y que generalmente produce mejores resultados para los propietarios que la negociación individual, donde el desequilibrio de información y recursos entre el promotor y el agricultor es enorme.
Para el blog, este episodio abre un hilo de seguimiento importante: la relación entre Enagás y los propietarios rurales de los 393 km valencianos será uno de los factores que determine si el Eje Levante puede construirse en los plazos previstos o si los conflictos de expropiación generarán retrasos. Lo seguiremos.
📘 Fuentes consultadas: AVA-ASAJA (nota de prensa "Expropiaciones dignas en la futura infraestructura de hidrógeno", 2 julio 2026), ASAJA nacional (AVA-ASAJA defiende expropiaciones dignas ante Enagás, 2 julio 2026), Castellón Información (AVA-ASAJA exige indemnizaciones justas corredor hidrógeno, 2 julio 2026), El Periòdic (corredor hidrógeno 100 municipios valencianos agricultores, 2 julio 2026), Enagás (nota de prensa PCPP Comunitat Valenciana, 3 marzo 2026), informe sectorial julio 2026.
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